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X. Los tribunales avalan las injusticias

No obstante, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante la sentencia sobre el proceso No. 25899-31-05-001-2011-00117-01, proferida el 31 de agosto de 2012 (ver el anexo N° 2), con las firmas de los magistrados Miriam Rodríguez y Martín Enrique Gutiérrez, decidió cerrar también estos resquicios legales a los reclamos de los trabajadores. En el caso mencionado, la demanda de un grupo de trabajadores contra Agrícola Guacarí, instaurada ante el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, estos reclaman porque la empresa no paga los aportes de la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pero hace los descuentos de nómina respectivos; les adeuda la prima de servicios de 2010; no paga los aportes parafiscales; adeuda dotaciones; debe una quincena.

 Los demandantes habían acudido con anterioridad a la Oficina de Trabajo del municipio de Zipaquirá, pero no lograron que la firma les cancelara lo debido. El juzgado falló en primera instancia a favor de los demandantes y conminó a la empresa a pagar los salarios causados durante la huelga imputable al patrón y las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado (ver anexo N° 1).

Por el contrario, la Sala Laboral del Tribunal, para hacer aun más aguda la indefensión de los trabajadores, revocó dicha sentencia, con lo que les niega el derecho a la huelga y a la renuncia por el incumplimiento sistemático de las obligaciones patronales, con lo cual los obreros pierden la indemnización legal y quedan a merced del patrón para el pago de quincenas y prestaciones en mora.

Los argumentos del Tribunal son una especie de manifiesto en pro del desconocimiento de los mínimos derechos laborales contemplados en las leyes nacionales e internacionales.  Aduce que: “Para que se configure la justa causa para dar por terminados los contratos de trabajo, el incumplimiento de las obligaciones patronales debe ser sistemático, lo que implica que la conducta del empleador sea continuada o reiterada en el tiempo y que se encuentre notoriamente encaminada a defraudar los intereses de los trabajadores, situación que como quedó demostrado (…) tampoco se aprecian elementos suficientes que permitan considerar que con su proceder C.I. Agrícola Guacarí Ltda., haya incurrido en infracción grave respecto de alguna de las obligaciones especiales que la Ley le impone en su calidad de patrono.”

Para la Sala Laboral del Tribunal de Cundinamarca, entonces, no basta con que se dejen de pagar durante meses las cotizaciones de seguridad social, las primas y se atrasen las quincenas y los parafiscales. En otras palabras, los trabajadores, que ganan el salario mínimo, el cual por su precariedad los confina a una vida de privaciones, deben esperar a que las empresas incumplan no meses sino años con los pagos mencionados, porque a esta instancia encargada de impartir justicia se le antoja que no es una “infracción grave respecto de alguna de las obligaciones especiales que la Ley le impone en su calidad de patrono”, someter durante meses enteros a familias completas al hambre, a la desatención de la salud, a ser lanzados de sus viviendas.

Resalta que los magistrados sean tan laxos frente al empleador mientras se muestran rigurosos con los con los despojados demandantes. A estos les exige prueba “fehaciente” de que los impagos los hayan obligado a “sus gastos médicos y de medicamentos” o de la “negación del servicio”. Aún más al alto Tribunal le parece que la mora en el pago del servicio de salud “se presenta frente a las entidades o administradoras y no frente a los trabajadores”.

Dicho en otras palabras, no es asunto del trabajador si las empresas cumplen o no con el pago de las cuotas de salud y pensiones, sino que ese tema sólo incumbe a los fondos y administradoras y a los patrones.

Tampoco es importante el retraso en el pago de la prima de servicios de junio de 2010, pues “dicha particularidad no tiene la suficiente entidad para que los demandantes decidieran no laborar en la segunda quincena del mes de septiembre, igual sucede con la dotación”.

Y agrega que: “De igual manera se puede predicar en lo concerniente a los aportes parafiscales de dos meses, esa obligación del empleador es para con el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación, quienes cuentan con mecanismos propios para adelantar el cobro pertinente.”

Los magistrados ignoran o pretenden ignorar que si las empresas no pagan a las cajas de compensación, los trabajadores con hijos o con padres desamparados dejan de recibir el subsidio familiar, lo mismo que pierden el derecho a recibir subsidios de vivienda de parte del Estado, entre otros perjuicios.

Cuando se trata de valorar la conducta de la empresa Guacarí, parte del Grupo Nannetti, el Tribunal abandona su rigor y se presenta en exceso flexible y comprensivo frente a los incumplimientos de los pagos: “Era un amplio porcentaje de la industria el que se estaba viendo afectado por la crisis del sector…”

En este aspecto ya el alto tribunal no requiere de documentos ni de ninguna prueba que obre en el proceso, sino que avala irrestrictamente la palabra de quienes están siendo investigados por defraudar al Estado en cerca de ochenta mil millones de pesos del Banco Agrario, que tomaron en calidad de subsidio para pagar los salarios y evitar el despido de trabajadores que podría haber ocasionado la revaluación.  

Esta sentencia tiene gravísimas repercusiones: la muy grave situación que se vive en la industria de las flores se hará aún más penosa para el trabajador, pues  da carta blanca a la parte patronal para que viole de manera flagrante los fundamentos básicos del contrato laboral y deja a la parte más débil, el trabajador, sin posibilidad de defenderse legalmente, y sometido casi que a una situación de servidumbre o de esclavitud.

Las consecuencias del fallo del Tribunal de Cundinamarca no se han hecho esperar por su obvia influencia en los Juzgados de primera instancia. Estos, que en diversas ocasiones se habían mostrado objetivos, así fuera con las largas demoras propias de los procesos judiciales colombianos, ya han comenzado a fallar los casos similares con inusitada vehemencia contra los trabajadores y laxitud extrema con los empleadores.

Para poner un ejemplo el Juzgado Laboral de Funza, Cundinamarca, desestimó las razones aducidas por los trabajadores de la firma Splendor Flowers, también del mencionado Grupo Nannetti, quienes debieron efectuar una prolongada huelga por los mismos incumplimientos que en Agrícola Guacarí. La empresa determinó despedir colectivamente a 76 trabajadores acusándolos de faltas gravísimas, incluso de connotación penal; de violar sus “obligaciones y prohibiciones legales”; de incurrir en “actos inmorales y presuntamente delictuosos”; de no haber prestado los servicios a la empresa “sin tener ninguna justificación ni autorización”; de haber “perturbado la posesión de las instalaciones”; de haber incurrido en “presunto sabotaje”; de haberse valido de “amenazas” e “intimidaciones”; de haber “constreñido de manera ilegal a las directivas de la Empresa al exigirles pagos a los que dicen tener derecho”. No obstante, de acusaciones tan graves no allegó al proceso ninguna prueba; no interpuso la demanda penal obligatoria para constatar semejantes hechos; y ni siquiera les permitió a los operarios ejercer el derecho constitucional y legal de defensa.

Sin embargo, el Juez en sus Consideraciones concluye que “es palmario que el despido de la trabajadora está plenamente justificado, y no tiene por tanto, derecho a percibir la indemnización por despido injusto”. A semejante conclusión —idéntica en los 76 casos— llega sobre la base de una serie de premisas a cual más deleznables, como que “Esta cesación de actividades —la huelga imputable al empleador— no está amparada por la ley por ser contraria al artículo 431 y siguientes del C.S.T. que reglamentan el derecho de huelga. Por muy justas que fueran las reclamaciones de los trabajadores la ley no los ampara para una suspensión unilateral de actividades, si ésta no está precedida de los requisitos exigidos por la ley, entre los cuales se citan la etapa de arreglo directo y opcionalmente la de arbitramento voluntario (resaltado fuera de texto).” Confundiendo así dos situaciones claramente diferenciadas en la legislación laboral: la huelga como resultado de un desacuerdo en la negociación de un pliego de peticiones y el cese imputable al empleador, también reglado como se señaló más arriba.

Además de reiterar la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, este Juzgado abunda en el desconocimiento de todas las pruebas presentadas por los demandantes con el propósito de negar que se les hubieran desconocido sus derechos.

Una completa exposición sobre los argumentos legales en contra de la sentencia aquí comentada se encuentra en los anexos 3 y 4, este último es una acción de Tutela que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia. Los anexos  5 y 6 corresponden, el uno, al fallo de ese alto tribunal que confirmó la sentencia aquí comentada, y el otro, la impugnación que se hizo al respecto.

El sistema legal colombiano también establece la conversión en Juez de la Superintendencia de Sociedades, para los casos de quiebra de las empresas bajo su control y vigilancia, entre ellas, las de la floricultura. Esta instancia se ha convertido en un eslabón más de la cadena de abusos contra los obreros florícolas. Cuando las compañías llegan a ella lo hacen cargadas de deudas con los bancos, los proveedores de bienes y servicios, el propio Estado, y con sus trabajadores a quienes han dejado de pagarles salarios, prestaciones y su indemnización por los años laborados. Aunque la ley de insolvencia, estatuye la primacía de los operarios a la hora de hacer los pagos ya sea cuando la empresa se reorganice, mediante un plan de salvamento, o cuando sean vendidos sus activos en caso definitivo de quiebra; lo que sucede en la realidad es que el proceso se convierte en una mascarada mediante la cual la mayoría de las veces los trabajadores terminan despojados en pro de los socios de las firmas en bancarrota y de sus acreedores más poderosos.

El caso, fallado recientemente, del conglomerado Americaflor, conocido también como Grupo Nannetti (que fuera el más grande grupo florícola hasta 2010), ilustra las anteriores aseveraciones. No obstante, el gobierno colombiano anunció que lo presentará en mayo próximo en un coloquio de jueces de insolvencia en La Haya (Holanda) como ejemplo a seguir por el derecho internacional en el manejo de “insolvencias complejas”.

Este Grupo cometió con sus cerca de 10.000 empleados en sus más de 15 plantaciones las mismas arbitrariedades mencionadas arriba en el caso de Agrícola Guacarí. Declarado en 2011 en insolvencia por la Superintendencia de Sociedades, esta entidad condujo el proceso de manera tan laxa que aun bajo su intervención la firma siguió cometiendo graves desmanes con los operarios que todavía no habían sido despedidos de los cultivos, lo cual se considera en la ley como causal para la liquidación definitiva de las empresas. Peor aún, el plan de salvamento que ahora pretende presentar el gobierno como ejemplo para el mundo, sólo salvaguarda a la familia propietaria de los cultivos y a los grandes acreedores, pues, contrario a las aseveraciones oficiales sobre una supuesta conservación de los puestos de trabajo, casi el 100% de los empleados fueron botados o presionados a retirarse renunciando a prácticamente la totalidad de sus derechos. Dicho plan ha convalidado la venta de varias fincas para pagar acreencias distintas a las laborales y nuevas deudas adquiridas por las compañías; contempla convertir otras tantas plantaciones en tierras destinadas a la especulación inmobiliaria, mediante proyectos fantasiosos presentados engañosamente como próximos a realizarse, y sujeta al desarrollo de éstos el pago de las deudas laborales, que se postergan, en el mejor de los casos, para el año 2018. Así, este proclamado caso emblemático, se sintetiza en que confina a los obreros a languidecer en el hambre y el desempleo, ya que debido a la edad o a las enfermedades tienen cerradas las puertas de otros cultivos, a que el pago de lo poco que se les reconoce se posterga indefinidamente, mientras la familia defraudadora continúa ostentando una vida de boato, dilapidando buena parte los activos empresariales, sólo cumpliéndoles a los banqueros y todo bajo la más aberrante complacencia estatal.