Un sindicato consecuente en cada empresa y toda la clase obrera de la floricultura en Untraflores

Informe sobre la situación de los trabajadores de las flores en Colombia - Resumen ejecutivo

Las diversas labores generan con el tiempo desgaste de la salud física y mental

 

Este informe sobre las condiciones socioeconómicas y laborales de las decenas de miles de obreros de los cultivos de flores en Colombia va dirigido a gobiernos extranjeros, organizaciones políticas, sindicales y sociales del exterior; organismos multilaterales, ONG, y a todas  las personas preocupadas por la suerte de los trabajadores en el mundo, en especial los vinculados a las ramas económicas de exportación. El análisis es una apretada síntesis de una investigación inédita realizada por la profesora Martha Vargas con la colaboración de estudiantes de Sociología de la Universidad Cooperativa de Colombia, el cual contó con la participación de la Unión Nacional de Trabajadores de las Flores, Untraflores.

Orígenes

El cultivo de flores para la exportación se inició en la década de los sesentas auspiciado por el gobierno mediante beneficios fiscales, crédito subsidiado, devaluación del peso. En 2011 esta agroindustria exportó 1.252 millones de dólares; cubría cerca de 7.500 hectáreas; es el segundo renglón de exportación agraria y el que mayor cantidad de mano de obra demanda por unidad de área: 15 trabajadores por hectárea; y representa el 25% de las plazas laborales femeninas en zonas rurales. Cerca de 200,000 personas se ocupan en sus labores, ya sea de manera directa o indirecta.

Desde 2005, las flores colombianas gozan de los beneficios del programa de liberación arancelaria de la Unión Europea y del ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication) de los Estados Unidos.

Los principales problemas que ha debido afrontar el sector en los últimos años son la revaluación del peso, el estancamiento o caída de los precios de venta, cambios climáticos agudos, y el alza de los precios de los agroquímicos y otros insumos. En contraprestación ha contado con generosos subsidios estatales por alrededor de US$350 millones.

Detrimento de las condiciones laborales

Para enfrentar tales dificultades los empresarios han acudido, ante todo, a exigirles a los obreros un mayor rendimiento, a cambio de pagos inferiores, echando mano de procedimientos legales e ilegales; así, no obstante la pérdida de más de 20.000 empleos en el sector en un lustro, las exportaciones de tallos se incrementaron entre 2006 y 2010 en cerca de 10%. Cada operario producía, en el año 2006, en promedio unos 40.489, 78 tallos y en 2010 unos 55.487,72.

Entre 1974 y 1993 el número de trabajadores por hectárea cultivada se redujo en el caso de los claveles de 30 a 19, en crisantemos de 20 a 13, y de 18 a 11 para rosas. En los años setenta el tope de atención era de 8 camas diarias, en los ochenta de 24, y en la década de los noventa se superaron las 42 camas, por el mismo salario y en la misma jornada de trabajo.

El más álgido menoscabo en las condiciones de trabajo reside en la sobrecarga laboral. El sistema de trabajo es manual, la dirección es despótica y los incrementos de productividad dependen de manera directa de un mayor esfuerzo muscular y nervioso. Los “estímulos” consisten en la competencia entre los operarios, el acoso de los supervisores, el abochornar en público a los rezagados y en las amenazas de despido o de no renovación del contrato. La prolongación extenuante de la jornada como una manera de cumplir las metas en temporadas como la de San Valentín muchas veces no se compensa en dinero sino en tiempo, o simplemente se les escamotea. Tal grado de sometimiento de los operarios es antagónico con cualquier forma de organización o ejercicio de derechos.

Desgaste de la salud física y mental

Los incrementos de la productividad con base en la recarga de trabajo están afectando gravemente la salud de los operarios. Entre las enfermedades profesionales destacan el síndrome del túnel del carpo y otras de los miembros superiores; problemas respiratorios y alergias por el contacto con plaguicidas; discopatías; dermatitis; patologías por estrés.

La mayoría de estas enfermedades que son de origen profesional son calificadas como comunes por las instituciones de salud encargadas de su tratamiento con el fin de evitarse los gastos que ello implica al empresario y a las aseguradoras.

Subcontratación y liberad sindical

La inestabilidad propia del sistema de enganche repercute sobre cualquier otro derecho. El de asociación es prácticamente inexistente y los patrones pregonan que los sindicatos acaban las empresas, por lo que los obreros temen organizarse, pues ello les significaría el desempleo. Mediante la firma de pactos colectivos o el montaje de sindicatos patronalistas, adláteres de la gerencia. Quienes se atreven a asociarse de manera independiente son víctimas del despido, la discriminación salarial y el escarnio público.

Se ha vuelto costumbre para algunas empresas el incumplimiento del pago de los salarios, prestaciones e incluso de las cotizaciones de seguridad social, siendo que se hacen los descuentos de nómina correspondientes. Lo mismo sucede con otras obligaciones legales. Las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, suspenden a miles de afiliados, y éstos pierden años enteros de cotización a pensiones. El Ministerio de Trabajo no toma cartas en el asunto.

Del total de 225 empresas, sólo siete grandes grupos acaparan más del 50% de las ventas: el Grupo Chía, The Elite Flower, Jardines de los Andes, Ipanema Güensuca, Sunshine Bouquet, Falcon Farms y Hosa. Estos y otras 33 firmas hicieron el 73% de las exportaciones de 2011.

Desde hace más de una década se generalizó el contrato a través de empresas temporales, contratistas y cooperativas de trabajo asociado (montadas por las propias compañías en muchos casos). Hay casos entre las grandes empresas en que la totalidad del personal tiene contrato indirecto, una completa aberración frente a las normas legales.

Negación de derechos hasta por la propia justicia laboral

La justicia laboral es, en términos prácticos, inalcanzable por los costos de un abogado, la demora de los procesos, y el hecho de que el trabajador no dispone de tiempo, pues una vez se retira o es despedido de una empresa que no le paga, tiene que enrolarse en otra en la que si pide permisos para atender audiencias, puede quedar cesante de nuevo.

Las moras han producido sucesivos paros y protestas. Trabajadores despojados de sus exiguos ingresos han recurrido, bajo la asesoría sindical y jurídica de Untraflores, a las dos únicas formas legales que les quedan para exigirlos. Primera, la renuncia imputable al patrón dispuesta en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo a causa del incumplimiento sistemático por parte de aquel y sin razones válidas de los mínimos deberes laborales.

La segunda, la huelga imputable al empleador en la que los obreros actúan conforme al literal e) del artículo 379 del mismo Código, que declara legal la huelga cuando el empleador incumple sus obligaciones. La Corte Constitucional, máximo órgano jurisdiccional colombiano, ha avalado esta clase de huelga en sentencias como la C-1369 de 2000 y la C-201 de 2002.
No obstante, el Tribunal del departamento de Cundinamarca, el cual debe definir en segunda y última instancia la mayoría de los conflictos laborales de la floricultura, por hallarse el grueso de los cultivos en el territorio bajo su jurisdicción, ha decidió cerrar también estos resquicios legales a los reclamos de los trabajadores.

Frente a ostensibles violaciones de la ley como el no pago de salarios y prestaciones sociales ocurrido en Agrícola Guacarí, que llevó a los empleados primero a la huelga y luego a la renuncia imputable al empleador, dicho Tribunal profirió un fallo que desconoce los mínimos derechos laborales instituidos en las leyes nacionales e internacionales.  Aduce que: “Para que se configure la justa causa para dar por terminados los contratos de trabajo, el incumplimiento de las obligaciones patronales debe ser sistemático, lo que implica que la conducta del empleador sea continuada o reiterada en el tiempo y que se encuentre notoriamente encaminada a defraudar los intereses de los trabajadores (…) tampoco se aprecian elementos suficientes que permitan considerar que con su proceder C.I. Agrícola Guacarí Ltda., haya incurrido en infracción grave respecto de alguna de las obligaciones especiales que la Ley le impone en su calidad de patrono.”

Al Tribunal no le basta con que se dejen de pagar durante meses las cotizaciones de salud y pensiones, las primas y se atrasen las quincenas y los parafiscales. En otras palabras, los trabajadores, que ganan el salario mínimo, cuya precariedad los confina a una vida de privaciones, deben esperar a que las empresas incumplan no meses sino años con los pagos mencionados, porque a esta instancia encargada de impartir justicia se le antoja que no es una “infracción grave respecto de alguna de las obligaciones especiales que la Ley le impone en su calidad de patrono”, someter durante meses enteros a familias completas al hambre, a la desatención de la salud, a ser lanzados de sus viviendas.

Resalta la laxitud de los magistrados frente al empleador mientras se muestran rigurosos con los despojados demandantes. A estos les exige prueba “fehaciente” de que los impagos los hayan obligado a “sus gastos médicos y de medicamentos” o de la “negación del servicio”.

El resto de reclamaciones, como los llamados parafiscales, que son condición para el otorgamiento de los subsidios dinerarios para los hijos y padres dependientes del trabajador y para los que da el Estado para la adquisición de vivienda, se le antojan al Tribunal carentes de “suficiente entidad” para que los demandantes decidieran acudir a la huelga.

Para completar, el Tribunal se presenta en exceso flexible y comprensivo frente a los incumplimientos de los pagos cuando aduce que: “Era un amplio porcentaje de la industria el que se estaba viendo afectado por la crisis del sector…”

Esta sentencia tiene gravísimas repercusiones: la situación en la industria de las flores se hará aún más penosa para el trabajador, pues le da carta blanca a la violación por la parte patronal de los fundamentos del contrato laboral y deja al trabajador sin posibilidad de defenderse legalmente, y sometido casi que a una situación de servidumbre o de esclavitud. Como corolario ya los jueces de primera instancia han comenzado a fallar los casos similares con inusitada vehemencia contra los trabajadores y laxitud extrema con los empleadores.

El sistema legal colombiano también establece la conversión en Juez de la Superintendencia de Sociedades, para los casos de quiebra de las empresas bajo su control y vigilancia, entre ellas, las de la floricultura. Esta instancia se ha convertido en un eslabón más de la cadena de abusos contra los obreros florícolas. Cuando las compañías llegan a ella lo hacen cargadas de deudas con los bancos, los proveedores de bienes y servicios, el propio Estado, y con sus trabajadores a quienes han dejado de pagarles salarios, prestaciones y su indemnización por los años laborados. Aunque la ley de insolvencia, estatuye la primacía de los operarios a la hora de hacer los pagos ya sea cuando la empresa se reorganice, mediante un plan de salvamento, o cuando sean vendidos sus activos en caso definitivo de quiebra; lo que sucede en la realidad es que el proceso se convierte en una mascarada mediante la cual la mayoría de las veces los trabajadores terminan despojados en pro de los socios de la firmas en bancarrota y de sus acreedores más poderosos.

El caso, fallado recientemente, del conglomerado Americaflor, conocido también como Grupo Nannetti (que fuera el más grande grupo florícola hasta 2010), ilustra las anteriores aseveraciones. No obstante, el gobierno colombiano anunció que lo presentará en mayo próximo en un coloquio de jueces de insolvencia en La Haya (Holanda) como ejemplo a seguir por el derecho internacional en el manejo de “insolvencias complejas”.

Este Grupo cometió con sus cerca de 10.000 empleados en sus más de 15 plantaciones las mismas arbitrariedades mencionadas arriba en el caso de Agrícola Guacarí. Declarado en 2011 en insolvencia por la Superintendencia de Sociedades, esta entidad condujo el proceso de manera tan laxa que aun bajo su intervención la firma siguió cometiendo graves desmanes con los operarios que todavía no habían sido despedidos de los cultivos, lo cual se considera en la ley como causal para la liquidación definitiva de las empresas. Peor aún, el plan de salvamento que ahora pretende presentar el gobierno como ejemplo para el mundo, sólo salvaguarda a la familia propietaria de los cultivos y a los grandes acreedores, pues, contrario a las aseveraciones oficiales sobre una supuesta conservación de los puestos de trabajo, casi el 100% de los empleados fueron botados o presionados a retirarse renunciando a prácticamente la totalidad de sus derechos. Dicho plan ha convalidado la venta de varias fincas para pagar acreencias distintas a las laborales y nuevas deudas adquiridas por las compañías; contempla convertir otras tantas plantaciones en tierras destinadas a la especulación inmobiliaria, mediante proyectos fantasiosos presentados engañosamente como próximos a realizarse, y sujeta al desarrollo de éstos el pago de las deudas laborales, que se postergan, en el mejor de los casos, para el año 2018. Así, este proclamado caso emblemático, se sintetiza en que confina a los obreros a languidecer en el hambre y el desempleo, ya que debido a la edad o a las enfermedades tienen cerradas las puertas de otros cultivos, a que el pago de lo poco que se les reconoce se posterga indefinidamente, mientras la familia defraudadora continúa ostentando una vida de boato, dilapidando buena parte los activos empresariales, sólo cumpliéndoles a los banqueros y todo bajo la más aberrante complacencia estatal.

Condiciones socioeconómicas y canasta familiar

Gran parte de los obreros no supera la educación primaria. Sus hijos hoy cuentan con instituciones de educación más cercanas a su vivienda, pero al terminar sus estudios de bachillerato los que desean acceder a instituciones de educación superior ven truncadas sus aspiraciones por los costos de las matrículas y el sostenimiento.

El núcleo familiar lo componen de entre cinco y ocho miembros, por lo que el hacinamiento es evidente en las pequeñas viviendas. La mayoría vive en alquiler y menudean los inquilinatos. Los pocos que son dueños de sus casas han debido ahorrar por años para adquirir un lote y después endeudarse y hacer grandes sacrificios para construir. Además, los beneficios de los programas estatales de vivienda popular son cada vez menos asequibles para el trabajador, debido a la precariedad del contrato de trabajo y a los anotados incumplimientos de los pagos a las Cajas de Compensación, lo cual es requisito indispensable para acceder al subsidio. 

El cuidado de los niños muchas veces queda a cargo de vecinos, amigos o parientes con los que no se comparte una vivienda; pero también hay quienes no cuentan con la posibilidad de dejarlos al cuidado de personas que velen por su  integridad. La escasa atención que les puede prestar los asalariados a los hijos es causa del incremento de los embarazos a muy temprana edad, la drogadicción o la delincuencia juvenil.

La canasta familiar se reduce a lo básico para sobrevivir a duras penas. Ha de resaltarse la malnutrición debida al abrumador déficit de ingesta de proteínas, vitaminas y minerales y al lleno de los requerimientos calóricos con base en un exceso de carbohidratos. Los productos que consumen, incluidos los alimentos, son en general de baja calidad, que son los que se consiguen usualmente a más bajos precios. Hay una ausencia casi total de satisfacción de las necesidades intelectuales y espirituales y de esparcimiento y un mínimo acceso a elementos esenciales de la vida moderna como las tecnologías de la información.

Conclusiones

Las condiciones laborales y de vida de los trabajadores se han venido deteriorando rápidamente. Hay un incremento desaforado de la productividad mediante la recarga laboral y la prolongación de la jornada sin pago extra. Disposiciones oficiales como las leyes 50 de 1990 y la 789 de 2002, agravan la situación al afectar la estabilidad laboral, las prestaciones y el pago de las horas extras, los dominicales y festivos. Pero aún este frágil marco legal es incumplido por parte de los empresarios.

El menoscabo de las condiciones laborales y de vida se manifiesta en los bajos ingresos; las agobiantes enfermedades profesionales, la pobre dieta y la carencia de vivienda propia.

El Ministerio del Trabajo, antes que favorecer a los operarios los perjudica, pues no ha sido un actor institucional que promueva el bienestar y el apuntalamiento de sus derechos.

La subcontratación ha hecho más vulnerables a los obreros a la violación de sus derechos y ha infundido, junto con las campañas patronales, el temor y hasta la animadversión hacia la organización sindical. Como hay sobreoferta de mano de obra el empresariado aprovecha para hacer de los operarios una fuerza laboral sumisa y echar sobre sus hombros los costos de la revaluación y de la competencia internacional.

La tendencia creciente del Poder Judicial a favorecer a la patronal frente a los reclamos de cumplimiento de aunque sea los mínimos legales puede señalarse como el aspecto más dramático y peligroso de la situación actual ya que ello les cercena a los trabajadores toda posibilidad de reclamar y prácticamente les cierra las vías legales para su reivindicación.


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